
La sentencia que avala las bases del PRI de Torrecremada deja al descubierto una “extraña asociación” entre intereses empresariales y partidos políticos.
La mercantil LOLIALBE ha ido de la mano del PP, Gent de Dénia y el ex concejal Toni Roderic para boicotear el proyecto. Posteriormente se sumaron el tránsfuga y el resto del pentapartito en la ofensiva política contra ese proyecto.
La mercantil Lolialbe no logró en el 2006 la licencia del Ayuntamiento para construir 244 viviendas en la finca de la Baronesa.
Vemos, de nuevo, con asombro como la sentencia señala textualmente que: “Grupo Municipal Gent de Dénia, Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Els Verds-Entesa, asumiendo una posición jurídica en parte contraria a la que legalmente corresponde a los codemandados, vinieron a solicitar la nulidad del acto administrativo” Es decir, la función de estos grupos municipales era defender el interés general y no ir de la mano de una empresa. De ahí que la sentencia señala que actuaron en una posición jurídica contraria a la que legalmente les corresponde.
Pero esta conjunción de intereses entre la empresa y grupos municipales, la encontramos también en el requerimiento de la Conselleria de Territorio emitido el 12 de mayo de 2008 donde textualmente podemos leer “Vista la solicitud de requerimiento de nulidad efectuada por doña Ana María Kringe Sánchez, como portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Denia y Presidenta del Partido Popular de Denia, y por don Carlos Martínez Alberola, en nombre y representación de la mercantil Lolialbe, S.L., contra el acuerdo del Ayuntamiento de Denia en pleno de fecha 17 de abril de 2007, por el que se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución T-1 del Plan de Reforma Interior Torrecremada de Denia (Alicante)”
A estas alturas está más que demostrada la unidad de acción entre la mercantil LOLIALBE y el Pentapartito. Pero la cuestión que se plantea es: ¿Qué intereses tiene la mercantil LOLIALBE?. Para contestar a la pregunta nos tenemos que remontar al año 2006, cuando esta empresa pretendía obtener licencia para la construcción de 244 viviendas en la zona donde se encuentra el espacio protegido de la Finca de la Baronesa. Ante la negativa del Ayuntamiento (gobernado por el PSOE-BLOC) intentó conseguir esa licencia a través de los tribunales, pero obteniendo el mismo resultado, ya que el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Alicante desestimo el recurso interpuesto por la mercantil. Por tanto, para la mercantil LOLIALBE el PRI de Torrecremada no cumple con sus expectativas de negocio y es lícito que intente defender sus intereses particulares de la manera que crea más conveniente, pero lo que no se entiende es que los grupos que forman el pentapartito se hayan posicionado con la empresa. Entonces aquí se plantea otra cuestión ¿Por qué el pentapartido actúa en la misma dirección que los intereses de la mercantil LOLIALBE?
La mercantil LOLIALBE ha ido de la mano del PP, Gent de Dénia y el ex concejal Toni Roderic para boicotear el proyecto. Posteriormente se sumaron el tránsfuga y el resto del pentapartito en la ofensiva política contra ese proyecto.
La mercantil Lolialbe no logró en el 2006 la licencia del Ayuntamiento para construir 244 viviendas en la finca de la Baronesa.
Vemos, de nuevo, con asombro como la sentencia señala textualmente que: “Grupo Municipal Gent de Dénia, Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Els Verds-Entesa, asumiendo una posición jurídica en parte contraria a la que legalmente corresponde a los codemandados, vinieron a solicitar la nulidad del acto administrativo” Es decir, la función de estos grupos municipales era defender el interés general y no ir de la mano de una empresa. De ahí que la sentencia señala que actuaron en una posición jurídica contraria a la que legalmente les corresponde.
Pero esta conjunción de intereses entre la empresa y grupos municipales, la encontramos también en el requerimiento de la Conselleria de Territorio emitido el 12 de mayo de 2008 donde textualmente podemos leer “Vista la solicitud de requerimiento de nulidad efectuada por doña Ana María Kringe Sánchez, como portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Denia y Presidenta del Partido Popular de Denia, y por don Carlos Martínez Alberola, en nombre y representación de la mercantil Lolialbe, S.L., contra el acuerdo del Ayuntamiento de Denia en pleno de fecha 17 de abril de 2007, por el que se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución T-1 del Plan de Reforma Interior Torrecremada de Denia (Alicante)”
A estas alturas está más que demostrada la unidad de acción entre la mercantil LOLIALBE y el Pentapartito. Pero la cuestión que se plantea es: ¿Qué intereses tiene la mercantil LOLIALBE?. Para contestar a la pregunta nos tenemos que remontar al año 2006, cuando esta empresa pretendía obtener licencia para la construcción de 244 viviendas en la zona donde se encuentra el espacio protegido de la Finca de la Baronesa. Ante la negativa del Ayuntamiento (gobernado por el PSOE-BLOC) intentó conseguir esa licencia a través de los tribunales, pero obteniendo el mismo resultado, ya que el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Alicante desestimo el recurso interpuesto por la mercantil. Por tanto, para la mercantil LOLIALBE el PRI de Torrecremada no cumple con sus expectativas de negocio y es lícito que intente defender sus intereses particulares de la manera que crea más conveniente, pero lo que no se entiende es que los grupos que forman el pentapartito se hayan posicionado con la empresa. Entonces aquí se plantea otra cuestión ¿Por qué el pentapartido actúa en la misma dirección que los intereses de la mercantil LOLIALBE?
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